El rechazo de Demócratas y el PDG al nuevo estado de excepción ponen en riesgo los votos de 4/7 que el Gobierno necesita en el Congreso para aprobar su proyecto
Por Maite Esnaola y Luciel Reyes
El proyecto de reforma constitucional y de seguridad pública que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, impulsado el 10 de agosto y calificado como de “suma urgencia” el 17 de agosto al ingresar al Senado, ha generado debate en sectores opositores y oficialistas, como Demócratas y el Partido de la Gente, lo que coloca en riesgo su aprobación, que tiene un plazo de 15 días para ser votada.
El Gobierno no ha conseguido convencer a los distintos sectores políticos para respaldar su reforma constitucional sobre seguridad pública. El proyecto requiere el voto a favor de 4/7 de los parlamentarios en ejercicio para su aprobación, según lo establece el artículo 127 de la Constitución. Voces del propio sector oficialista y aliados, como el senador Matías Walker (Demócratas) y la diputada Zandra Parisi (PDG), califican de “innecesaria” la creación de un nuevo estado de excepción que otorgaría al Presidente amplias facultades sin control del Congreso.
Matías Walker, senador por la Región de Coquimbo y parlamentario independiente Ex-Demócratas, sostiene que la reforma es innecesaria, ya que el país cuenta con la Ley contra el Crimen Organizado. “Lo que hay que hacer en consecuencia es centrar las investigaciones y las acciones policiales en contra del del crimen organizado y del terrorismo, pero no contra de todos los ciudadanos como propone esta reforma incluso haciendo interceptaciones telefónicas a todos los ciudadanos durante 8 meses”, comentó.
Zandra Parisi, diputada en representación del Partido de la Gente (PDG), enfatizó que la bancada no respalda una propuesta sin conocer su versión final y cuestionó los cambios de postura de los compromisos electorales del sector Ejecutivo: “No podemos comprometernos a aprobar o rechazar un borrador que ni hemos discutido como bancada. Primero queremos conocer el texto definitivo y, sobre todo, entender qué cambió respecto al compromiso de campaña de no modificar la constitución. Creo que hay muchas dudas. No hay un texto propiamente tal; hay un borrador y muchas preguntas que debe responder el gobierno antes de decir si están los votos o no”, señaló la parlamentaria.
Actualmente, el proyecto necesita un mínimo de 89 votos en la Cámara de Diputadas y Diputados y se le exigen 29 votos en el Senado. Ante esto, el quórum requerido pone en tensión al propio oficialismo, y esto se debe específicamente a sus características. Si se llega a aprobar como se ha expuesto actualmente, y sin modificaciones, se le otorgará al Presidente la facultad de activar un nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública en una zona de emergencia especial que se puede alargar hasta 240 días sin necesidad de la aprobación del Congreso. Este estado facultará al gobierno para limitar la libertad de locomoción, reunión y asociación, además de interceptar comunicaciones y requisar bienes.
Chile contempla cuatro estados de excepción constitucional regidos por la Ley Orgánica Constitucional N.° 18.415: Estado de Asamblea, de Sitio, de Emergencia y de Catástrofe, que contemplan un control más estrecho del Congreso en plazos más cortos. La reforma del Estado busca introducir una quinta modalidad, pensada específicamente para el crímen organizado que la acerca más a un Estado de Asamblea, reservada para escenarios de guerra externa. Este atributo es el que ha generado más resistencia incluso entre sectores cercanos al Gobierno. “Perfectamente podrían haber interceptaciones telefónicas a los periodistas o a los medios de prensa sin su consentimiento”, agregó Walker.
