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Las nuevas sanciones a las ofensas contra funcionarios policiales y la reforma a la Ley Antibarricadas han generado posturas opuestas, mientras estudiantes advierten un efecto de mayor conflictividad con las autoridades policiales, un experto en seguridad destaca el carácter preventivo de estas leyes.
Fabiana Jara y Valentina Alarcón
Ayer, martes 1 de septiembre, dentro del congreso se aprobó una iniciativa que establece sanciones para quienes dirijan insultos contra Carabineros. Además, se respaldó la idea de legislar una reforma a la Ley Antibarricadas. Ambas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo han generado cuestionamientos desde organizaciones estudiantiles de izquierda y respaldo entre especialistas en seguridad. Por un lado, el mundo politizado, declaró que la iniciativa terminará por radicalizar aún más los métodos de protesta, y por otro lado, un experto en seguridad reafirmó la necesidad de estas leyes para recuperar el orden público.
La Cámara de Diputados aprobó en general por 96 votos a favor y 34 en contra una iniciativa que sanciona las ofensas graves dirigidas contra funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería en el ejercicio de sus funciones. La iniciativa contempla penas que van desde multas económicas hasta presidio en su grado máximo (hasta 60 días de cárcel).
En paralelo, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja respaldó la idea de legislar sobre una reforma a la Ley N° 21.208. La propuesta, tramitada con carácter de discusión inmediata a solicitud del Ejecutivo, busca ampliar las condenas bajo el artículo 268 septies del Código Penal. El cambio apunta a sancionar penalmente no solo la paralización total del tránsito mediante violencia física u obstáculos, sino también las interrupciones del transporte público durante manifestaciones no autorizadas.
La voz experta
Desde la perspectiva del experto en seguridad pública, Pedro Valdivia, el aumento de las sanciones por insultos a Carabineros y las modificaciones a la Ley Antibarricadas responden a objetivos distintos. Mientras las primeras buscan reforzar el respeto hacia los funcionarios policiales, las segundas apuntan a prevenir conductas que alteren el orden público. A su juicio, el propósito de establecer este tipo de sanciones es principalmente preventivo, ya que “todo lo que sea sanción a través de una ley, lo que pretende es la prevención de que no se cometan ese tipo de ilícitos o delitos”.
En el caso de las ofensas hacia funcionarios policiales, el experto considera que establecer sanciones específicas resulta relevante debido al debilitamiento de la autoridad de Carabineros que, según su análisis, se produjo durante los últimos años y especialmente tras el estallido social. “El estallido, en cierto modo, fue disminuyendo el accionar de Carabineros, de su personal”, sostuvo. Desde su perspectiva, una legislación de este tipo busca fortalecer el respeto hacia quienes ejercen funciones de autoridad.
La postura estudiantil
Mientras que, desde las agrupaciones estudiantiles de izquierda, el rechazo al proyecto es tajante. El vocero de la organización Estudiantes por la Causa Popular, quien prefirió resguardar su nombre, sostuvo que normalizar la persecución por expresiones verbales hacia las policías busca volver a la institución “intachable e intocable”, al tiempo que puso en duda la efectividad de estas medidas para frenar el descontento social. Para el dirigente, perseguir insultos desvía la atención de los problemas de fondo y terminará por tensionar aún más el escenario en las calles: “Esto no va a parar. Si vemos que las marchas pacíficas no funcionan y el Gobierno no escucha a la gente movilizada, lo que va a pasar con este tipo de leyes es que se va a acrecentar la crisis y se van a terminar radicalizando los métodos”, afirmó el dirigente.
