La propuesta abre un debate en el cual defender a una persona vinculada al crimen organizado debería afectar las oportunidades laborales de los abogados que trabajan en este tipo de casos.
Sofía Castillo y Alondra Yáñez
Los diputados Mauro González, Eduardo Durán y Ximena Ossandón de la Renovación Nacional, presentaron el domingo 16 de agosto, en el Congreso Nacional, un proyecto de ley que busca impedir que abogados que hayan defendido a personas con causas de narcotráfico, asociación criminal o terrorismo puedan ingresar a distintos organismos del Estado, como el Ministerio Público. Este proyecto busca evitar que abogados que hayan ejercido este tipo de defensa ocupen cargos dentro de instituciones públicas.
La propuesta surge en medio de una agenda legislativa marcada por el combate al crimen organizado y plantea extender las restricciones existentes para evitar eventuales conflictos de interés entre el ejercicio privado de la abogacía y el desempeño de funciones públicas.
Actualmente, según la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile la Ley 20.000 establece que quienes se desempeñen como funcionarios o empleados contratados por la administración del Estado no pueden paralelamente patrocinar o representar a personas imputadas por delitos en esa legislación.
La propuesta también abre cuestionamiento respecto de los derechos de quienes ejercen la profesión jurídica. Para Francisca Castro, abogada penalista jefa de un estudio jurídico, es necesario diferenciar entre un profesional que actualmente trabaja para el Estado y defiende a un imputado por delitos de narcotráfico, también otro que ejerció anteriormente una defensa privada y posteriormente busca ingresar a la función pública.
Para la abogada extender la prohibición a quienes anteriormente hayan representado imputados podría afectar derechos como la libertad de trabajo y el desarrollo de una actividad económica.
“Además se está afectando el derecho a la defensa” Afirmó la abogada penalista.
Explicó, que aunque la persona pueda acceder a la Defensoría Penal Pública también tiene derecho a elegir un abogado privado de confianza para su representación.
Por esto, el debate no solo se centra en la necesidad de impedir vínculos entre el crimen organizado y el Estado, sino en determinar hasta dónde puede llegar esa restricción sin afectar el ejercicio de la profesión. El proyecto deberá continuar su discusión legislativa, donde se deberá determinar el alcance de las inhabilidades y cómo compatibilizar la protección de la probidad pública con las garantías asociadas al ejercicio de la abogacía y el derecho a defensa.
