La facilidad para crear sitios espejo se ha convertido en un desafío de ciberseguridad para el Estado chileno, en un contexto en el que la propia SUBTEL admite que no existe un mecanismo 100% efectivo para bloquearlos de forma permanente.
Por Sofia Orellana, Antonia Salinas y Alexandra Sepúlveda
A pesar de las órdenes de la Corte Suprema para bloquear casas de apuestas online en Chile, las plataformas encuentran los sitios “espejo” para continuar operando. Estos sitios son una copia exacta de una página web ubicada en otro servidor mediante un nombre distinto para que siga funcionando si la original se cae o es bloqueada. El último intento ocurrió este martes 1 de septiembre, cuando SUBTEL ordenó la baja de 42 direcciones de estos portales, sin embargo, a pocas horas de su publicación, algunos sitios volvieron a estar activos y a funcionar con normalidad bajo un nuevo dominio.
Los casinos online son considerados ilegales debido a que la ley vigente especifica que los juegos de azar solo pueden ser explotados por entidades expresamente autorizadas por la ley. La medida debe ser aplicada por las empresas encargadas de establecer las conexiones de internet, tales como Entel, Claro, WOM y VTR, mediante el bloqueo del sistema de dominios dentro de un plazo máximo de 48 horas. Este sistema es el que permite poder encontrar un sitio web en base a su nombre dentro de internet. Por esto, las empresas como mediadores, impiden el acceso a estos sitios, pero esto no significa que el contenido ni la página en sí misma desaparezcan.
No es primera vez que se ordena la prohibición de estos sitios, en 2022, el Ministerio de Justicia dio indicaciones directas a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) para invalidar los contratos de patrocinio con casas de apuestas online. En 2023, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió advertencias formales a los bancos y emisores de tarjetas respecto a procesar pagos hacia plataformas como esta y la Corte Suprema declaró por primera vez que operar apuestas online sin ley expresa es ilegal en nuestro país. Entre 2023 y 2024, la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) reiteró que cualquier apuesta que no sea Polla, Lotería o Teletrak son delitos bajo los artículos 276 y 277 del Código Penal.
El desafío detrás del bloqueo
Una de las dificultades que más destaca al momento de intervenir y detener este tipo de plataformas está en quién recae la orden judicial. Hernán Felipe Valenzuela, abogado de HVF legal, explicó que el fallo de la Corte Suprema está dirigido específicamente a las empresas facilitadoras de internet, no a las casas de apuesta, las cuales operan en su mayoría en lugares como Malta o Curazao, lugares frecuentemente asociados a paraísos fiscales.
Mientras que las empresas de telecomunicaciones deben seguir un protocolo para bloquear las direcciones establecidas dentro de la orden judicial, las casas de apuestas pueden cambiar de forma rapida sus dominios. “Es una carrera entre un trámite institucional y un formulario web”, señaló Valenzuela. Según explicó, el bloqueo en base a dominios fue elegido por ser menos invasivo para los usuarios y evita el riesgo de eliminar sitios legales, pero esto mismo falicita la capacidad de volver a incorporarse a la web mediante nuevos dominios.
Camilo Vásquez, ingeniero en ciberseguridad, explicó que las casas de apuesta no tienen que crear una página desde cero cada vez que se presentan situaciones como esta. En un par de horas pueden volver a registrar una nueva página web de forma automática y conectarla a la misma base de datos y servidores que ya estaba usando. Vasquez advirtió que existe una asimetría importante entre el proceso administrativo que conlleva realizar un bloqueo, mientras que técnicamente crear un dominio nuevo está “al alcance de la mano”.
Estos hechos evidencian que el bloqueo de las direcciones no ha sido impedimento para las casas de apuestas online, estas continúan disponibles para las personas. La posibilidad de crear nuevos dominios permite que las plataformas vuelvan a operar incluso después de una orden de bloqueo, mientras las empresas de telecomunicaciones deben restringir nuevamente el acceso a cada sitio identificado por las autoridades.
